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Fuente: www.tiempodehoy.com |
@LuisMadrod.- La crisis se ha extendido desde el sector financiero del país
hacia lo que hasta ahora se conocía como el Estado del Bienestar; en referencia
al actual camino de destrucción de los servicios públicos por parte de las
Administraciones.
Se ha constatado la instauración
de un régimen político en el que dos grandes partidos se alternan en el poder, convirtiendo sus estructuras en una extensión de la
voluntad de las grandes corporaciones financieras y empresariales. En
consecuencia, un gran sector de la población ha tomado una actitud de rebelión,
al comprobar que los consejos de administración de las grandes empresas, se
coordinan para ampliar cada vez más el marco de actuación en el que poder
desarrollar sus actividades mercantiles y; por tanto, la obtención de
beneficios a costa de los derechos y las libertades de la sociedad.
Como ejemplo se puede utilizar la reforma de la Constitución
Española realizada en 2011 sin el consenso de todos los partidos políticos. Se
modificó para dar prioridad ABSOLUTA a la devolución de la deuda contraída con
los mercados internacionales, principalmente con bancos extranjeros. De esta
manera se institucionaliza una manera de hacer política fiscal de acuerdo con
los principios del Neoliberalismo, eliminando toda opción de aplicar políticas
alternativas. Se condena a la sociedad a dar preferencia a los objetivos de las
empresas financieras y a la devolución de la deuda —que ellas mismas han
generado— teniendo prioridad por delante de las necesidades de la ciudadanía,
incluso por encima de las necesidades sociales más básicas como son la sanidad
y la educación.
Esta reforma se ha justificado a razón del "elevado nivel de deuda pública" pero, si observamos las cifras, veremos que la deuda pública española suponía solamente un 16% del total de la deuda del país, correspondiendo el 84% restante a deuda privada, principalmente de entidades financieras. Además, destaca el hecho de que el total de la deuda del país en términos relativos al producto interior bruto (PIB) suponía menos del 80%, frente al casi 100% de países teóricamente saneados como Francia, Alemania o EEUU.
Esta reforma se ha justificado a razón del "elevado nivel de deuda pública" pero, si observamos las cifras, veremos que la deuda pública española suponía solamente un 16% del total de la deuda del país, correspondiendo el 84% restante a deuda privada, principalmente de entidades financieras. Además, destaca el hecho de que el total de la deuda del país en términos relativos al producto interior bruto (PIB) suponía menos del 80%, frente al casi 100% de países teóricamente saneados como Francia, Alemania o EEUU.
Entonces, si el nivel de deuda pública no era tan alto, ¿por qué había tanta prisa en reformar la
CE? El verdadero motivo era dar un mensaje efectivo de tranquilidad a los
mercados a través de una doble acción: por un lado, imponer sin debate y sin
consenso un límite del déficit con el que justificar los recortes
sociales, para a continuación “liberalizar”
el mercado de los servicios públicos, infranqueable hasta el momento para
las empresas privadas, dando vía libre al mercado para ofrecer esos servicios
sin necesidad de garantizar el acceso a los mismos a aquellas personas que no
puedan costeárselos, generando desigualdad y exclusión social.
Por otro lado, garantizar
los beneficios de las empresas acreedoras de deuda del Estado siendo el Pueblo
quien asume las pérdidas que provenían de los activos tóxicos originados
con la burbuja inmobiliaria, produciendo un trasvase de la deuda privada hacia
el Estado. Una deuda originada, no lo olvidemos, por la codicia de banqueros y
gestores financieros, representantes de una moral que sigue dejando legalmente
a familias enteras sin casa, mientras que ellos son rescatados con los
impuestos que estas mismas familias declaran.